La ley indígena viola los derechos humanos

Escrito por Juan Francisco Rodríguez

El cobarde ataque del que fuera víctima el subcomisario de la PNC, Edilberto López Godínez no debe quedar impune.

Es un delito en toda la dimensión de la palabra, las acciones deleznables que cometieron un grupo de autodenominados alcaldes indígenas de Sololá, departamento de Guatemala, en contra de la autoridad legítima y legalmente establecida en la República de Guatemala a través de la Policía Nacional Civil – PNC, en la humanidad del subcomisario López Godínez, en un verdadero acto impune y que viola todos los derechos humanos establecidos en los diversos acuerdos, estatutos y normas en infinidad de países y de los cuales el Estado de Guatemala es firmante, es un acto de crueldad y lesivo contra la humanidad, el ultrajar y torturar a un ser humano a latigazos.

Así como en los siglos de la oscuridad, donde el tirano era rey y sólo prevalecía la ley del más astuto, amparado en un dios al que presentaban como cruel y rencoroso y del cual se sentían y se imponían como sus únicos representantes, así exactamente es ésta denominada, también, Ley Maya, que mala promoción mundial, donde el menoscabo de la persona, la denigración y la humillación pública es el parámetro de esa mal llamada justicia.

Revisando profundamente los videos y audios que circularon en las redes de esa ejecución vil y humillante, es interesante analizar como los alcaldes indígenas, se conforman en jueces, acusadores y verdugos al mismo tiempo, respaldados o complaciendo al clamor popular, eso sí, no sin antes tratar de tranzar la apetecible cantidad de Q.30,000.00 (Treinta mil quetzales, más de $4mil Apróx.). Y sin la más mínima posibilidad que “el acusado”, porque aquí no existe el concepto de “el sindicado”, en este ilegal sistema se ingresa como “el culpable”, tenga la oportunidad de clamar justicia, ¿A quién? ¿O invocando el nombre de cuál deidad?, Tal como lo hizo el subcomisario, diciendo “por Dios bendito”, “por Dios santo”; sin que esto hiciera alguna mella en sus verdugos, ya que como es bien sabido ellos son sincretistas.

Al respecto de la legalidad de la bien llamada injusticia Maya, hay que recordar que algunos alcaldes indígenas son parte de una tradición familiar, regularmente de familias indígenas acomodadas económicamente, algo así como una monarquía, que en algún momento se impusieron a fuerza de violencia como los caciques de sus comunidades, ostentando un poder local, que lo utilizaban para dirimir, a su conveniencia, contiendas entre clanes por la tenencia de la tierra, disputas por herencias, hasta involucrarse en la vida privada por diferencias familiares, etc., es decir que ser alcalde indígena implica tener un poder equiparable al poder de gobierno en el cual están representados los tres órganos del Estado de Guatemala, ya que ellos pueden decretar sobre cualquier tema, incluso como sucedió con la población y autoridades de San Juan La Laguna, donde desterraron a una comunidad, incluyendo niños, por identificarse como Judíos ortodoxos, caso aparte de los alcaldes indígenas ”rezadores”, que cual shamanes, creen tener y representar un poder no terrenal, que algunas veces compite con el del alcalde indígena y hay casos en los que pueden estar por sobre éste.

Sumado a esta violación, es interesante mencionar el caso del vicealcalde indígena de Sololá, Tomás Sem Tecum, quién además de tener alguna autoridad indígena, tenía más de 17 años de trabajar para la Procuraduría de Derechos Humanos, en el departamento de comunicación, con sede en Sololá, pero quién también se sumó a la vejación contra el subcomisario, convertido en verdugo también le dio de latigazos, bien hizo el Procurador Jordán Rodas al destituir inmediatamente a Tomás Sem Tecum por sus actos; desde luego esperamos que también presente la denuncia correspondiente en el Ministerio Público y enviar el mensaje correcto que desde su administración no serán tolerados esos ilícitos de lesa humanidad, calificados así por el Estatuto de Roma, capítulo Torturas, del cual Guatemala es firmante.

A pesar de los infames actos, los alcaldes indígenas, no dan muestras de arrepentimiento, sino por el contrario han lanzado un reto a la autoridad del país al brindar declaraciones a los medios locales y decir que ellos no han cometido ninguna violación y que están en lo que creen su derecho.
Queda desde luego la gran inquietud, si debe o no ser presentado a las autoridades competentes el subcomisario López Godínez, ya que de no ser presentado quedaría la duda, en el legítimo sistema judicial, si es o no culpable de los delitos mencionados, pero si es presentado estaría siendo dos veces juzgado por un mismo delito, lo cual representa un delito en sí mismo, aun cuando esto estaría avalando que si se consideraría legal las acciones de los alcaldes indígenas.

Indudablemente este tipo de actos, están reñidos con la ley en Guatemala y los derechos humanos en el mundo entero y deben ser perseguidos por la justicia, por lo que esperamos que en breve sean investigados y capturados, para que den cuenta ante los órganos correspondientes y no vuelvan a cometer estas atrocidades y purguen su condena por sus crímenes, desde luego no con condenas como las que ellos aplican, sino las correctas en un estado de derecho y dejar el mensaje claro, que en la República de Guatemala debe prevalecer la garantía de la vida, la libertad y la propiedad privada para todos los guatemaltecos sin distingo de ninguna clase.