MP y CICIG solicitan antejuicio contra Presidente Morales

Licenciada Thelma Aldana -MP- y el comisionado Iván Velásquez de CICIG en conferencia de prensa.

La jefa del Ministerio Público, Licenciada Thelma Aldana y el comisionado de CICIG, Ivan Velásquez, en conferencia de prensa, anunciaron este día la solicitud de antejuicio en contra del presidente de Guatemala Jimmy Morales, quien se encuentra de viaje en Estados Unidos, según fuentes cercanas solicitando ante las Naciones Unidas la remoción de Velásquez al frente de la CICIG.

Aldana y Velásquez informaron ante los medios que la solicitud obedece a financiamiento considerado ilícito durante la campaña 2015 por parte del partido FCN-Nación cuyo secretario general y candidato en ese momento era Jimmy Morales. Detallaron que existen una serie de irregularidades en los recursos captados por el partido que no fueron reportados ante el Tribunal Supremo Electoral incumpliendo así la obligada rendición de cuentas de los financistas.

Además se presume que recibieron el apoyo de Alejandro Sinibaldi, exministro de comunicaciones de la administración patriota, hoy prófugo de la justicia; a través de terceros, específicamente en el uso de una aeronave propiedad de Sinibaldi.(Helicóptero en la fotografía).

El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Electorales en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala presentaron hoy un antejuicio contra el Presidente Constitucional de la República de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, por la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal por su actuación como Secretario General del partido FCN-Nación.

En conferencia de prensa la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana junto al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, proporcionaron la información en relación a las pesquisas sobre la denuncia de financiamiento electoral ilícito en ese partido político.

De acuerdo con la investigación, Morales Cabrera, en su calidad de Secretario General de FCN-Nación, pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política.

De igual forma, pudo haber impedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados, con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales.

Morales Cabrera ocupó la posición de Secretario General durante todo el proceso electoral 2015 hasta el 09 de enero 2016, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de FCN-Nación aceptó su renuncia y designó como sucesor al señor Edgar Justino Ovalle Maldonado.

Uno de los indicios detectados refiere que se estableció que hubo una conducta de FCN-Nación orientada a no proporcionar información requerida por escrito a su Secretario General.

Por acción y omisión, el entonces Secretario General fue generador de hechos penalmente relevantes, susceptibles de dar lugar a formación de causa penal en su contra por estar contemplados como delito en el artículo 407 “N”, inciso 2 “Financiamiento Electoral Ilícito”, reflejado en el manejo de dineros en cuantía de por lo menos cuatro millones trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta quetzales con treinta y tres centavos, suma que, conforme a la auditoría  del TSE, correspondió a gastos de campaña electoral no reportados y fuentes de financiamientos no identificadas.

A ello se suman, como mínimo, Q2 millones 335 mil 252.22, correspondientes a depósitos dinerarios en las cuentas de la organización política en 2015, no reportados al TSE y por ende, anónimos.

La trascendencia de la información financiera omitida por el partido FCN-Nación quedó en evidencia el 13 de marzo de 2017, fecha en que la Intendencia de Verificación Especial denunció las anomalías ante el Ministerio  Público, por la posible comisión de hechos ilícitos relacionados con transacciones sospechosas en diferentes cuentas bancarias.

Dado el comportamiento mencionado, contrario a lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos así como el Reglamento de Control, Fiscalización del Financiamiento Público y Privado, el Secretario General (Representante legal del partido FCN-Nación) impidió al TSE y la ciudadanía que se conociera la identidad de los financistas que contribuyeron a su campaña.

Otros de los gastos que deben ser investigados:

  • El uso del helicóptero de matrícula TG-ANM, vinculado al ex Ministro de Comunicación Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, en el que se desplazó el Secretario General del partido, Jimmy Morales Cabrera y otros aspirantes a cargos de elección popular, durante la campaña 2015.
  • El Tribunal Supremo Electoral solicitó la remisión de gastos y de estados de cuenta a “Distribuidora Piper S.A.”, entidad que confirmó el arrendamiento de la aeronave por el FCN-NACIÓN e informó que, a esa fecha, se reportaba un monto de Q 175,206.59.
  • Se ignora lo pagado y las fuentes de financiamiento del gasto.

El continuo desgaste al que se ha sometido el presidente Morales desde la llegada al poder en 2015, ha evidenciado su poca o nula capacidad para dirigir la gobernanza del país, misma que al mostrarse él indiferente ante la realidad nacional y no asumir el liderazgo esperado por los guatemaltecos, terminó en desencanto y sumado a los casos en los que están involucrados su hermano Samuel Morales Cabrera y su hijo José Manuel Morales Marroquín, ponen cuesta arriba la posibilidad que la ciudadanía le apoye en este nuevo caso en el que está directamente involucrado. No hay que olvidar los casos de Marvin Claus Mérida, un arribista a quién el presidente Morales le confirió misiones especiales en los Estados Unidos.

Por el momento el caso pasa a manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán determinar si procede o no trasladar el expediente al Congreso de la República donde por sorteo debe elegirse una comisión pesquisidora conformada por cinco diputados y considerar quitarle el antejuicio para que sea juzgado como cualquier otro ciudadano sin ningún tipo de privilegios contado sólo con los derechos que le asisten a todos los guatemaltecos.